En los últimos tres años el alza de las cuenta de luz nos ha dejado a todos atónitos, porque no se trata de un reajuste como era antes, sino que a la fecha ha aumentado en casi un 60%.
Los movimientos de las personas por lograr que se genere un proyecto de ley que regule como corresponda la formación de estas tarifas nos han motivado, tanto a mí como a Carlos Olivares (DC), al Senador Radical Nelson Ávila, entre otros, y a organismos defensores de los derechos ciudadanos. Es por esto que se hace necesario modificar los procedimientos tarifarios de distribución eléctrica para corregir distorsiones y abusos cometidos por las empresas del rubro en la entrega de la energía.
El objetivo es hacer justicia con los miles de usuarios de nuestro país que están pagando tarifas exorbitantes y están siendo amenazados a diario por las empresas distribuidoras.
Actualmente no existe ningún servicio regulado que tenga por ley un determinado porcentaje de rentabilidad, y lamentablemente son los más pobres y la clase media del país, quienes ven sus economías familiares resentidas a costa de las enormes ganancias que tienen las distribuidoras y que no se calculan correctamente según la tarifación actual.
Haciendo un recálculo es posible llegar hasta una rebaja del 40% en las tarifas y esto alivianaría fuertemente una de las presiones económicas más importantes que tienen los hogares de miles de chilenos, producto de esta alza desmesurada de las tarifas eléctricas.
Por ejemplo un usuario tipo podría recibir cuentas por casi 15 mil pesos, lo que podría significar el 15 o 20% del patrimonio familiar, por lo cual, a pesar del subsidio que entrega el Estado, es casi imposible sostener un gasto de tal envergadura y por eso es necesario corregir la forma en la que se están elaborando las tarifas de la distribución eléctrica. Ahora, ni hablar de la situación de la clase media, quienes están imposibilitados de recibir subsidios.
Las tarifas han llegado a un nivel escandaloso, por ejemplo, las personas que habitan en la Región de Valparaíso, ciudad donde a diario trabajamos como parlamentarios, en especial en el borde costero, están llegando a situaciones límites en donde o se alumbran o comen.
¿En qué consiste el proyecto que propongo?
Lo que pretende el proyecto ciudadano es, entre otras cosas, determinar la rentabilidad de las tarifas para cada empresa por separado, según su propio riesgo, al igual que ocurre con el sector sanitario y de telecomunicaciones; eliminar el actual procedimiento de verificación de rentabilidad de la industria e incorporar la totalidad de los ingresos regulados en la rentabilidad que cada empresa debe tener; calcular en un mismo proceso simultáneo las tarifas de los servicios asociados y el valor agregado de distribución y hacer que un panel de expertos resuelva tanto las tarifas definitivas del valor agregado de distribución como las de los servicios asociados. Además, la normativa busca ampliar el ajuste de las tarifas finales para descontar los aportes de terceros; limitar la facultad de la distribuidora eléctrica para exigir aportes financieros reembolsables sólo a las solicitudes de servicio fuera de la zona de concesión; obligar la publicidad permanente de cada etapa del proceso tarifario de distribución y permitir la participación de cualquier tercero interesado ante el panel de expertos; clasificar cada área geográfica en un área típica de distribución según similitud de costos y no clasificar a cada empresa en un área típica de distribución.
Este es el primer proyecto de ley ciudadano en Chile que cuenta con el patrocinio de diversas organizaciones ciudadanas que participan en el Consejo Social contra la Desigualdad y yo lo apoyo decididamente.
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