Diputado Alejandro Sule considera que actitud de Codelco "cuestiona su interés por conservar la paz social"

El diputado del Partido Radical Socialdemócrata, Alejandro Sule, miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Baja dijo no entender la actitud de la empresa Codelco al presentar los recursos de protección en contra del informe de Subcontratación elaborado por la Dirección del Trabajo, puesto que el organismo estatal entrega 15 días, al menos, para que la empresa haga sus descargos, "lo que evidentemente cuestiona el interés de Codelco por respetar los derechos de los trabajadores y de conservar la paz social".
Sule señaló que la Dirección del Trabajo ha realizado una labor "muy profunda, plenamente justificada y responsable, que ha obedecido a criterios muy bien definidos y homogéneos, al igual que lo hiciera en el pasado con los bancos o los supermercados, por lo que no se entiende que la empresa estatal más grande del país, parta iniciando procesos legales contra quienes cumplen con su labor en forma profesional y eficiente, antes de analizar otras opciones".
"Creemos que judicializar el conflicto, teniendo otras alternativas menos extremas para corregir lo que eventualmente considera injusto, no es la manera más indicada", agregó el parlamentario.
Sule dijo que lo más natural en un proceso como este es que "en ese plazo que entrega el organismo fiscalizador para corregir el informe, la empresa fiscalizada, en este caso Codelco, analice la información planteada, verificando situaciones que no correspondan u otros elementos que no se condicen con la información que ellos generan, llegando finalmente a un acuerdo conjunto entre ambas partes e incluso planteando propuestas concretas sobre la internalización de personal, es decir, dar una demostración de que se tiene la voluntad de cumplir con la ley de subcontratación".
"Hay que tomar en cuenta que la Dirección del Trabajo tomo una fotografía en un momento dado y realizó un trabajo que duró 10 meses, en donde seguramente entraron una o dos veces a las minas y en diferentes épocas, generando algunas discrepancias, que son absolutamente posibles de corregir. Aún no se están insinuando multas ni situaciones legales, sino que se está entregando un listado de trabajadores que deben ser internalizados por le empresa matriz, el cual puede tener errores", explicó.
"Da la impresión que la intención fuera desvirtuar, atacar o destruir a toda costa, el trabajo que hizo el órgano estatal", recalcó.
El diputado oficialista recalcó que hay que entender que es la Dirección del Trabajo la que tiene la potestad para fiscaliza la relación entre una empresa matriz y los trabajadores contratistas, "si no lo hace ella, ¿entonces quien tiene la potestad para hacerlo?", defendiendo de plano la misión y el trabajo realizado.
Finalmente, Sule señaló que los recursos de protección presentados por Codelco, no tienen un plazo fijo de tramitación, pueden durar poco o mucho tiempo, pero lo cierto es que mientras existan, los trabajadores quedan en la absoluta indefensión", por lo que el llamado es a evitar este tipo de situaciones y buscar de la manera más rápida y responsable posible, "acuerdos que no afecten a los trabajadores y a sus familias".
Al mismo tiempo, el legislador radical llamó al Gobierno a no lavarse las manos respecto de este conflicto y participar activamente en la búsqueda de una solución, partiendo de una base absolutamente clara, "es imperativo desjudicializar el conflicto".

Publicado en La Tercera:

http://www.quepasa.cl/medio/articulo/0,0,3255_5666_318993149,00.html

Regular las alzas de la electricidad!

En los últimos tres años el alza de las cuenta de luz nos ha dejado a todos atónitos, porque no se trata de un reajuste como era antes, sino que a la fecha ha aumentado en casi un 60%.

Los movimientos de las personas por lograr que se genere un proyecto de ley que regule como corresponda la formación de estas tarifas nos han motivado, tanto a mí como a Carlos Olivares (DC), al Senador Radical Nelson Ávila, entre otros, y a organismos defensores de los derechos ciudadanos. Es por esto que se hace necesario modificar los procedimientos tarifarios de distribución eléctrica para corregir distorsiones y abusos cometidos por las empresas del rubro en la entrega de la energía.

El objetivo es hacer justicia con los miles de usuarios de nuestro país que están pagando tarifas exorbitantes y están siendo amenazados a diario por las empresas distribuidoras.

Actualmente no existe ningún servicio regulado que tenga por ley un determinado porcentaje de rentabilidad, y lamentablemente son los más pobres y la clase media del país, quienes ven sus economías familiares resentidas a costa de las enormes ganancias que tienen las distribuidoras y que no se calculan correctamente según la tarifación actual.

Haciendo un recálculo es posible llegar hasta una rebaja del 40% en las tarifas y esto alivianaría fuertemente una de las presiones económicas más importantes que tienen los hogares de miles de chilenos, producto de esta alza desmesurada de las tarifas eléctricas.

Por ejemplo un usuario tipo podría recibir cuentas por casi 15 mil pesos, lo que podría significar el 15 o 20% del patrimonio familiar, por lo cual, a pesar del subsidio que entrega el Estado, es casi imposible sostener un gasto de tal envergadura y por eso es necesario corregir la forma en la que se están elaborando las tarifas de la distribución eléctrica. Ahora, ni hablar de la situación de la clase media, quienes están imposibilitados de recibir subsidios.

Las tarifas han llegado a un nivel escandaloso, por ejemplo, las personas que habitan en la Región de Valparaíso, ciudad donde a diario trabajamos como parlamentarios, en especial en el borde costero, están llegando a situaciones límites en donde o se alumbran o comen.

¿En qué consiste el proyecto que propongo?

Lo que pretende el proyecto ciudadano es, entre otras cosas, determinar la rentabilidad de las tarifas para cada empresa por separado, según su propio riesgo, al igual que ocurre con el sector sanitario y de telecomunicaciones; eliminar el actual procedimiento de verificación de rentabilidad de la industria e incorporar la totalidad de los ingresos regulados en la rentabilidad que cada empresa debe tener; calcular en un mismo proceso simultáneo las tarifas de los servicios asociados y el valor agregado de distribución y hacer que un panel de expertos resuelva tanto las tarifas definitivas del valor agregado de distribución como las de los servicios asociados. Además, la normativa busca ampliar el ajuste de las tarifas finales para descontar los aportes de terceros; limitar la facultad de la distribuidora eléctrica para exigir aportes financieros reembolsables sólo a las solicitudes de servicio fuera de la zona de concesión; obligar la publicidad permanente de cada etapa del proceso tarifario de distribución y permitir la participación de cualquier tercero interesado ante el panel de expertos; clasificar cada área geográfica en un área típica de distribución según similitud de costos y no clasificar a cada empresa en un área típica de distribución.

Este es el primer proyecto de ley ciudadano en Chile que cuenta con el patrocinio de diversas organizaciones ciudadanas que participan en el Consejo Social contra la Desigualdad y yo lo apoyo decididamente.